El calvario judicial de Lucía Sandoval ha sumado un capítulo definitivo de justicia. La jueza civil y comercial, Liz Carina Caballero, ordenó al Estado paraguayo pagar una indemnización de G. 616.000.000, más intereses, a favor de la mujer que se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema judicial y de la falta de perspectiva de género en el país.
El caso se remonta a febrero de 2011, cuando el esposo de Lucía falleció tras recibir un disparo durante una discusión familiar en su vivienda de San Lorenzo. Desde el primer momento, ella sostuvo que se trató de un trágico accidente en medio de un forcejeo, en un contexto donde ella era víctima de constantes maltratos y violencia doméstica. A pesar de sus denuncias previas y del evidente peligro en el que vivía, el Ministerio Público la imputó por homicidio doloso, enviándola a prisión preventiva en el Penal del Buen Pastor.
Lucía pasó un total de 3 años, 6 meses y 20 días privada de su libertad, alejada de sus hijos menores de edad y enfrentando un proceso penal desgastante. La luz al final del túnel llegó recién en el año 2014, cuando un Tribunal de Sentencia dictó su absolución de culpa y pena tras un juicio oral y público. En aquel momento, los jueces concluyeron que existía una duda insuperable sobre su responsabilidad y criticaron duramente la investigación fiscal por no haber considerado el historial de violencia machista que sufría la mujer.
Una década después de haber recuperado su libertad, este fallo civil reconoce finalmente el daño causado por un encierro injusto y busca reparar, al menos económicamente, los años que el Estado le arrebató a Lucía Sandoval en un proceso que nunca debió haberla tenido como victimaria, sino como víctima.
Fuente: Noeliagonzapy / Ñanduti
