Lo que comenzó como una polémica licitación para dotar de mobiliario a las escuelas públicas terminó convertido en una trama de millones, influencias y aditivos contractuales fuera del ojo público.
Un reciente documento del Ministerio Público sacó a la luz que la Itaipú Binacional desembolsó la friolera de G. 61.957 millones más de lo originalmente pactado a favor de la empresa Kamamya S.A., cuyo principal accionista es el empresario chino Long Jiang, un hombre con estrechos lazos con la cima del poder político.
La historia de los recordados «pupitres de oro» vuelve al tapete tras comprobarse que la entidad binacional, bajo la dirección de Justo Zacarías Irún, acordó una ampliación para comprar 82.150 conjuntos adicionales de mesas y sillas. Con este movimiento, el encargo pasó de los 328.687 sets adjudicados al principio a un total de 410.837 unidades. La jugada hizo escalar el desembolso total a favor de la firma desde los G. 248.713 millones iniciales hasta superar la astronómica cifra de G. 310.670 millones. Lo más llamativo del caso es que los papeles que respaldan este aumento no figuran en el portal oficial de licitaciones de Itaipú y solo saltaron a la vista gracias a la investigación judicial.
Detrás de Kamamya S.A. aparece la figura clave de Long Jiang, un próspero empresario chino que no resulta para nada extraño en el entorno presidencial. Durante y después de la campaña electoral, tanto el presidente Santiago Peña como el vicepresidente Pedro Alliana utilizaron el avión privado del empresario. Inclusive, el propio mandatario y su familia llegaron a vacacionar en Brasil a bordo de una camioneta perteneciente a una de las firmas del magnate asiático.
A pesar de que la denuncia original presentada por legisladores señalaba una supuesta sobrefacturación grosera —remarcando que traer cada juego de mesa y silla desde China costaba entre G. 117.000 y G. 234.000, mientras que Itaipú pagó unos G. 750.000 por cada uno—, los fiscales anticorrupción solicitaron archivar la causa. Para los agentes del Ministerio Público, no existió lesión de confianza ni perjuicio económico, argumentando que las entregas al Ministerio de Educación efectivamente se realizaron y que los precios finales se mantenían dentro del rango del mercado local.
Sin embargo, la realidad en las aulas cuenta una historia muy distinta a la del papeleo judicial. A menos de un año de su distribución en más de 1.300 colegios de todo el país, la fragilidad de los alabados muebles ya empezó a pasar factura. En instituciones como el Colegio Nacional Enrique Soler de Capiatá, varios pupitres terminaron rotos e inservibles tirados en el fondo del patio. Así, entre dictámenes de archivo, presupuestos inflados a la sombra y materiales de dudosa resistencia, el millonario negocio deja al descubierto cómo los fondos públicos terminan alimentando los números de los amigos del poder, mientras los estudiantes conviven con las consecuencias.
Fuente: ABC Digital
Imagen recreada con IA
