El conflicto generado tras la amenaza de la firma británica Atome PLC de llevar a Paraguay a un reclamo formal de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por un monto de USD 665 millones sumó una nueva postura oficial.
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, aclaró que el acuerdo comercial con la compañía de fertilizantes e hidrógeno verde no se gestó en la administración actual, sino que fue heredado del gobierno anterior y data de hace un poco más de tres años.
La tensión estalló luego de que la multinacional notificara formalmente la activación del protocolo de resolución de disputas en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y el Reino Unido, como antesala a un juicio millonario por romper el esquema de tarifas subsidiadas. Pese a la notificación enviada a altas autoridades y embajadas de peso internacional, Villate aseguró que las vías de diálogo continúan abiertas con la empresa para evitar llegar a la última instancia del tribunal de Washington D. C. y buscar un desenlace favorable.
El origen del quiebre se centra en las condiciones de suministro y los costos de la energía demandada para la planta proyectada en Villeta, donde la firma pretendía mantener tarifas congeladas respaldadas en su mayoría por energía hidroeléctrica de la ANDE. Mientras Atome buscaba asegurar el valor comercial de una inversión proyectada en USD 600 millones respaldada por firmas multilaterales e internacionales como IDB Invest, IFC del Banco Mundial, Schroders, Baker Hughes, Casale S.A. y Yara International, las autoridades locales alegaron que otorgar una tarifa de preferencia fija resultaría financieramente inviable ante el costo real de generación. En ese contexto, desde el Poder Ejecutivo remarcan que el compromiso inicial fue suscrito bajo la gestión previa y que los canales de conversación permanecen activos dentro de los tres meses del plazo formal previo al litigio definitivo.
