La Asociación Espíritu Santo arrimó una nueva comunicación al Poder Ejecutivo en la que insiste en promover una acción de nulidad por la transferencia de tierras en el Chaco e ingresar unos USD 30 millones en concepto de multas.
La Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, bajo la representación legal del abogado Francisco de Vargas, remitió un escrito de reiteración al Ministerio de Defensa Nacional para reiterar la denuncia por la inobservancia y presunta violación de la Ley 2532/05 «Que establece la Zona de Seguridad Fronteriza en la República del Paraguay». Según el documento, el pasado 18 de febrero de 2026 se habría concretado la presunta transferencia irregular de inmuebles en el marco del litigio que la nucleación mantiene con firmas offshores de paraísos fiscales.
El escrito de la defensa técnica señala que la cesión territorial de más de 310.000 hectáreas ubicadas en el Chaco paraguayo fue dispuesta originalmente por la exjueza Tania Irún, quien actualmente se encuentra a la espera de un juicio oral y público por supuesto prevaricato debido a este caso. La organización religiosa recuerda que el actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Benítez Riera, ya había advertido en un voto ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del año 2021 que la exmagistrada no verificó los presupuestos de la ley de fronteras, poniendo en peligro la seguridad territorial del Estado.
Ante la consumación de los actos de transferencia registral, el representante legal insta al Ministerio de Defensa a impulsar la presentación de una Acción Autónoma de Nulidad. El abogado De Vargas argumenta que, de conformidad con el artículo 8 de la legislación vigente, los actos que contraríen dicha norma son nulos y conllevan sanciones para los magistrados, escribanos y funcionarios públicos intervinientes, además de una multa equivalente al doble del valor de la operación.
FONDOS PARA LAS FFAA. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la organización en base a las avaluaciones de los bienes en litigio y las disposiciones del Decreto 7525/11, el monto total de la penalización financiera ascendería a unos USD 30 millones. El escrito resalta que dicha suma de dinero podría tener un destino saludable para el Estado paraguayo mediante el fortalecimiento y la adquisición de equipamientos para las Fuerzas Armadas de la Nación, sirviendo a su vez como un elemento de disuasión contra futuras vulneraciones legales.
Por otra parte, recuerda que en el año 2022 el entonces ministro Bernardino Soto Estigarribia ya había remitido los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la República para iniciar los trámites de la nulidad. No obstante, ante la paralización de las diligencias por causas desconocidas, la asociación solicita formalmente al actual titular de la cartera que libre oficios para recabar informes sobre el estado de la causa en la Procuraduría.
Finalmente, el documento arrima como antecedente un dictamen de la Dirección del Registro Inmobiliario del año 2023, el cual ratifica que cualquier inscripción de inmuebles formalizada por escritura pública que afecte la zona de seguridad fronteriza a favor de adquirentes prohibidos por ley adolece de una denegatoria absoluta e insalvable. La defensa concluye que dicha reglamentación técnica no exime de responsabilidad a los funcionarios y jueces, quienes deben responder por sus acciones u omisiones al tratarse de una ley de orden público.
