La Comisión Especial de Investigación de Títulos Falsos quedó formalmente instalada este lunes en el Congreso Nacional con el objetivo de indagar el uso de documentaciones académicas irregulares en la educación superior.
Sin embargo, el inicio de sus funciones ya estuvo marcado por fuertes tensiones entre opositores y el sector oficialista respecto a la metodología y el alcance que tendrá la investigación, cuyo plazo establecido para presentar resultados es de seis meses.
Durante este primer encuentro, la senadora opositora Esperanza Martínez, designada como vicepresidenta de la mesa de trabajo, lanzó una contundente advertencia al señalar que se retirará del bloque si la labor se desvía hacia la dilación o la pérdida de tiempo. Martínez enfatizó que el objetivo debe ser desmantelar la estructura mafiosa que emite títulos originales pero con contenido falso, por lo que instó a trabajar con el máximo rigor científico y a proceder con la anulación de cualquier documento fraudulento, sin importar a quién pertenezca.
La principal discrepancia radica en el foco inicial de las investigaciones. Mientras que legisladores de la oposición exigen que las tareas comiencen de forma prioritaria con la Universidad Sudamericana —institución vinculada al polémico caso del exsenador Hernán Rivas y que habría expedido unos 2.500 títulos en pocos años—, sectores afines al oficialismo proponen una auditoría generalizada a todas las universidades y legisladores. Para Martínez y otras parlamentarias como Yolanda Paredes, generalizar el foco de entrada es una estrategia poco factible debido al limitado tiempo disponible y podría terminar en una falta de resultados concretos.
Fuente: Ultima Hora
