La detención de los candidatos opositores Pablo Callizo y Sebastian Garay durante una protesta pacífica con peluches frente a la residencia de Horacio Cartes provocó duras críticas en el ámbito político y académico, señalando una preocupante instrumentalización de las fuerzas de seguridad.
Según un análisis del sociólogo y expresidente de la Junta Municipal de Asunción, Nicolás Chase, la intervención de la Policía Nacional no solo careció de orden judicial, sino que vulneró garantías fundamentales de la Constitución Nacional de 1992, manchando la imagen institucional y exponiendo una deriva autoritaria por parte del Poder Ejecutivo.
Chase argumenta que el procedimiento ordenado bajo la administración del gobierno actual representa una arbitrariedad legal, dado que la vereda constituye un espacio privado de acceso público amparado por la ley, comparable a plazas o parques. Los manifestantes realizaban una representación artística simbólica con muñecos de peluche sin armas ni interrupción del tránsito vehicular o peatonal, ejerciendo derechos amparados expresamente en el Artículo 26 sobre la libertad de expresión, el Artículo 29 sobre la libertad de opinión y el Artículo 32 que consagra el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente sin necesidad de autorización previa.
Para el sociólogo, este episodio constituye un grave error de cálculo político que expone un claro desconocimiento de las leyes constitucionales y de la Ley N° 1.066/1997 que reglamenta las manifestaciones públicas. Al reprimir una simple expresión artística que no requería comunicación previa por no estar reglada como protesta tradicional, las autoridades enviaron un mensaje desproporcionado que roza el remedo de una dictadura, llegando al extremo de que las propias patrulleras policiales cometieron infracciones de tránsito al estacionar indebidamente sobre la avenida España para ejecutar el arresto.
