En un escenario donde el sol se ocultaba sobre la ruta Py 05, una lujosa camioneta oficial interrumpió la calma de la Colonia ExCombatientes, en Horqueta, para dar inicio a un nuevo capítulo de presunta prepotencia institucional. El protagonista de esta denuncia ante la Contraloría General de la República es nada menos que el titular del INDERT, Francisco Carlos Ruiz Díaz López, quien junto a la gerente general, Romina Velázquez, es acusado de presentarse en el predio de un campesino para coaccionarlo a abandonar sus tierras.
El denunciante, Aníbal Cabañas, relata que el pasado 22 de abril los altos funcionarios llegaron hasta su precaria carpa con una actitud intimidatoria, alegando que él no tenía derechos sobre el lote de 20 hectáreas que ocupa. Según el escrito, el presidente del ente agrario intentó desacreditar su arraigo utilizando información falsa sobre su domicilio, ignorando documentos oficiales que constan en el propio expediente administrativo de la institución. Esta «visita» nocturna sería la culminación de una serie de irregularidades que, según Cabañas, comenzaron a gestarse tras una reunión política en Concepción entre Ruiz Díaz y el senador Derlis Maidana con una contraparte en el conflicto de tierras
La situación de Cabañas es crítica: denuncia que, mientras se encontraba en una diligencia judicial, su vivienda fue incendiada con todas sus pertenencias dentro, obligándolo a vivir bajo una carpa sin que el INDERT moviera un dedo para protegerlo. El afectado apunta a un presunto tráfico de influencias y mal desempeño de funciones, solicitando a la Contraloría una auditoría inmediata para desenmascarar lo que califica como un esquema de corrupción que beneficia a unos pocos mientras golpea a los más vulnerables. El caso pone bajo la lupa la transparencia de la gestión agraria, sugiriendo que las decisiones institucionales podrían estar siendo dictadas por intereses políticos externos en lugar de seguir los procesos legales establecidos.
