La confianza en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social fue vulnerada con una precisión quirúrgica. Jaime Caballero, una pieza clave en la gestión de compras, habría ejecutado una maniobra de manipulación para asegurar que la firma RENFE SA se quedara con el contrato de mantenimiento y reparación de ascensores del Hospital Central. No se trataba de un servicio menor: es la infraestructura que mueve camillas y pacientes en el hospital más importante del país, y por la cual Caballero habría logrado que se pagara la oferta más cara, ubicada en la cuarta posición del orden de mérito.
La trama alcanzó su punto máximo cuando el Consejo, ante las sospechas de irregularidades, decidió frenar la adjudicación. Fue entonces cuando Caballero habría echado mano a una mentira alevosa: afirmó que el denunciante anónimo se había retractado. Se trató de un argumento jurídicamente imposible, ya que una denuncia anónima no admite desistimiento, pero sirvió de cortina de humo para forzar una contratación que supera los G. 3500.000.000, ignorando deliberadamente tres ofertas más económicas y solventes.
Caballero no se detuvo ahí, según funcionarios de la previsional que pidieron la reserva de sus identidades. El mencionado aseguró que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas archivaría el caso en días, allanando el camino para firmar con RENFE SA, una empresa que ya arrastraba antecedentes de inhabilitación. Sin embargo, la realidad fue un portazo a su gestión: la DNCP, mediante la Resolución 999/26, declaró todas las actuaciones como irregulares. El castillo de naipes se derrumbó, confirmando que se prefirió el sobrecosto y la sospecha por encima del bienestar de los asegurados.
Este escenario entra de lleno en el terreno de la responsabilidad penal. El engaño sistemático al Consejo para beneficiar a una firma específica constituye una presunta lesión de confianza, un delito que castiga el perjuicio patrimonial al Estado con penas que podrían derivar en prisión. Mientras la justicia prepara una investigación exhaustiva, el caso de los ascensores queda como el emblema de un esquema donde la mentira fue el único criterio para adjudicar fondos públicos.
