En los pasillos de la justicia paraguaya, a veces el tiempo no solo vuela, sino que borra expedientes. Willian Roberto Bogarín Campuzano, un alto funcionario de la Cámara de Diputados, acaba de recibir un inesperado regalo judicial gracias a un descuido administrativo que parece sacado de una ficción.
Tras haber sido imputado por el presunto cobro indebido de honorarios, el Ministerio Público simplemente dejó pasar el reloj: «olvidaron» presentar la acusación formal en el plazo establecido.
Este error de cálculo, atribuido a la fiscalía tras una serie de movidas y recusaciones, permitió que la defensa de Bogarín anotara un gol de último minuto. Al no existir una acusación en tiempo y forma, el juez David Mendoza no tuvo más opción que declarar la extinción de la acción penal y otorgarle el sobreseimiento definitivo.
Así, de un plumazo y por falta de puntualidad fiscal, una de las causas que pesaba sobre el funcionario se esfumó en el aire.
Sin embargo, el panorama para el director de Diputados no es del todo despejado. Aunque se libró de los cargos por sus honorarios públicos, todavía tiene una cita pendiente con la justicia por un caso mucho más denso: una supuesta estafa millonaria vinculada a la operación «Ñande Mba’e». Los denunciantes, un grupo de colonos menonitas, aseguran haber entregado una fortuna bajo la promesa de títulos de propiedad que nunca aparecieron. Mientras el «olvido» lo salvó de un proceso, el juicio oral por estafa sigue su curso, recordándole que, en la justicia, no todos los plazos se vencen a su favor.
