La confirmación por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre el uso de facturas falsas en la causa «Tía Chela», que involucra al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por presuntas irregularidades en la compra de kits de alimentos durante la pandemia, vuelve a poner bajo el foco la gestión de los recursos públicos.
La causa no solo investiga la falsificación documental, sino también la presunta existencia de planillas adulteradas con firmas de beneficiarios fallecidos o inexistentes.
A partir de estas revelaciones, el debate se traslada al terreno de la responsabilidad administrativa y legal en los gobiernos locales. Sobre este punto, la reflexión del exconcejal de Asunción Nicolás Chase (PPQ) aporta una mirada técnica sobre la dinámica de los municipios de gran envergadura.
Al analizar la magnitud de estas instituciones, Chase señala que «una Municipalidad tan grande como es la de CDE, se tiene o se puede tener errores administrativos». Sin embargo, al delimitar las implicaciones legales y punibles de cualquier irregularidad, remarca que la cadena de mando escrita es la que define la culpa. En ese sentido, sostiene que «si no dio o no da la orden por escrito, la responsabilidad administrativa, civil y penal cae en el o los directores de áreas correspondientes».
Para deslindar estas funciones con exactitud, resulta clave contar con reglas claras dentro de la institución. Chase advierte que en este tipo de investigaciones «habría que ver el Organigrama y el Manual de Funciones de esa Municipalidad, si no lo tiene se puede embarrar, pero no culpar».
A modo de antecedente histórico sobre cómo se aplica esta delimitación en momentos de crisis, el exconcejal evoca lo ocurrido durante la gestión municipal de Enrique Riera en la capital (2001-2006). Tras una serie de críticas por parte de la oposición y, fundamentalmente, luego de la dolorosa tragedia del Ycuá Bolaños, el entonces intendente redefinió el organigrama administrativo de la Intendencia. Con ese cambio, las funciones de cada área quedaron explícitamente delimitadas, siguiendo una estructura similar a la que rige entre el presidente de la República y sus ministros, asegurando que cada director asuma la responsabilidad directa sobre su respectiva cartera.
A pesar de esta delimitación técnica en el ámbito penal o civil, el exedil capitalino aclara que el jefe comunal no queda totalmente eximido ante un hecho de corrupción o fraude. «De descubrirse una Factura Falsa, de lo que no va a safarse el exIntendente Prieto es de la responsabilidad política por haber designado a ese director, ya que los directores municipales son cargos electos por el Intendente», enfatiza Chase.
Esta situación subraya la urgencia de fortalecer la institucionalidad en las municipalidades. Al rememorar también su propio paso por la gestión pública capitalina, Chase destaca cómo la actualización normativa resulta determinante para evitar vacíos de poder: «Por eso cuando fuí Presidente de la Junta 2007, actualicé y redefiní 100% el Manual de Funciones y Organigrama interno de la Junta (después 9 años de desactualización), para que cada cargo tenga definido por resolución de la Junta las y sus funciones».
Bajo la premisa de que debe regir siempre «la Norma antes de la Acción Pública», sostiene además que estas herramientas organizativas requieren una revisión constante. Aunque en la Junta Municipal de Asunción solo se hicieron retoques posteriores, lo ideal —según su experiencia— es encarar una redefinición y actualización de los organigramas de forma periódica, en lapsos de cada cinco y no más de diez años, garantizando así un control efectivo sobre la función pública.
