El escándalo por las millonarias irregularidades en el Instituto de Previsión Social suma un nuevo capítulo de alta tensión judicial y política. Jorge Brítez, expresidente de la previsional, decidió guardar silencio ante la Fiscalía hasta acceder a informes clave sobre el proceso en su contra, mientras su abogado defensor, José Fernández Zacur, lanzó una contundente advertencia al señalar que no permitirá que su cliente sea utilizado como el «fusible» de responsabilidades ajenas.
La causa penal investiga un presunto daño patrimonial que supera los 60.000 millones de guaraníes en relación con la fallida construcción de un quirófano modular en el Hospital Central, una obra aprobada y modificada mediante adendas durante las administraciones de Vicente Bataglia y el propio Brítez. Sin embargo, la defensa asegura que los documentos firmados por el médico no implicaron aumentos de presupuesto ni crearon nuevas obligaciones financieras, argumentando además que las decisiones administrativas se tomaron con base en los dictámenes y pareceres de las dependencias técnicas de la institución.
A la par, el representante legal puso la lupa sobre llamativas omisiones en el proceso. Cuestionó abiertamente que el Ministerio Público procese a funcionarios que gestionaron el contrato en su etapa de desarrollo y deje fuera de la investigación a Andrés Gubetich, el expresidente del IPS bajo cuya gestión se originó el acuerdo inicial. Fernández Zacur sugirió también que, de considerarse delictivas las adendas, la responsabilidad debería extenderse a los miembros del Consejo de la entidad que las aprobaron, marcando así una férrea postura defensiva en medio del vendaval de investigaciones que salpican a la cúpula de la seguridad social.
