Las internas coloradas en Luque se mezclan con denuncias y estrategias judiciales que parecen sacadas de un guion de suspenso. El concejal colorado Diego Romero, actual precandidato a intendente por el sector disidente Añeteté, ha lanzado una acusación frontal que apunta directo a las altas esferas del poder: señala al senador cartista Derlis Maidana como el «titiritero» detrás de una justicia que, según él, está siendo utilizada como una herramienta para limpiar el camino electoral.
El conflicto estalló tras la nueva imputación y el pedido de arresto domiciliario contra Romero, justo en la antesala de su lanzamiento de campaña. El caso se remonta a una supuesta irregularidad millonaria en la Cooperativa de Luque, donde paradójicamente Romero fue uno de los que levantó la voz y presentó la denuncia inicial. Lo que llama la atención en este tablero es la «puntería» del Ministerio Público, que decidió procesar al denunciante en el momento más crítico de la carrera política, mientras que otros nombres vinculados al oficialismo parecen gozar de una llamativa inmunidad.
Romero no anda con rodeos y sostiene que esta maniobra busca encerrarlo en su casa para silenciar sus críticas y frenar su contacto con los votantes, beneficiando así a Hugo Farías, el candidato apadrinado por Maidana. Para el concejal, la Fiscalía se ha convertido en un «kiosco» donde se despachan imputaciones a medida para desgastar a los opositores internos, citando como ejemplos otros procesos judiciales que afectan a figuras como Mario Abdo Benítez y Arnoldo Wiens. Mientras el clima electoral sube de temperatura, la sombra de la instrumentación judicial se alarga, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿se está jugando en las urnas o en los despachos de los jueces? Por ahora, la batalla por Luque se libra tanto en las calles como en los tribunales, en un juego de poder donde la justicia parece ser la pieza más disputada.
Fuente: ABC Digital
