#EDITORIAL
“La prensa titula fatídica e infaliblemente: ‘El presidente pintó un país de maravillas’. Espero la foto y el título de mañana.”
Con esa frase, el presidente de la República inauguró su Segundo Informe de Gestión ante el Congreso Nacional. Y no fue una advertencia. Fue una consigna. Una afirmación que delata el verdadero objetivo del mensaje: no rendir cuentas, sino instalar un relato prefabricado, resistente a la crítica, blindado frente a la realidad.
A lo largo del documento, se presentan datos que muestran un Paraguay en expansión: crecimiento económico, aumento de la inversión pública, avances en infraestructura, récords en recaudación, impulso a la inclusión digital y programas sociales masivos. Todo parece estar en marcha, todo parece estar resuelto.
Pero en el Paraguay real —el que no entra en las gráficas ni en los slogans— la salud pública sigue colapsada, la educación arrastra carencias estructurales, la seguridad se deteriora sin tregua y el empleo informal sigue siendo la única alternativa para miles.
El informe no menciona la migración juvenil, ni la falta de medicamentos, ni las penurias de los jubilados, ni el endeudamiento de los hogares. Tampoco explica por qué la bonanza económica que exhiben ambos titulares del Ejecutivo y otros funcionarios públicos no se refleja en la vida cotidiana del pueblo.
La distancia entre el discurso y la realidad no es solo estadística. Es ética. Y cuando esa distancia se cubre con propaganda, el acto institucional de informar se convierte en ejercicio de poder simbólico.
Es profundamente preocupante que el presidente haya elegido una vez más un mensaje sin contradicción, sin prensa, sin posibilidad de repregunta. La rendición de cuentas exige apertura, no sarcasmo. Exige responsabilidad, no frases anticipadas para tratar de controlar titulares o caer bien a los presentes del acto.
El presidente celebró el acceso al grado de inversión como una conquista histórica. Y lo es, en términos técnicos. Pero la pregunta central —la que el informe omite con cuidado— es qué significa eso para el ciudadano común. Porque agradar a los mercados no equivale a justicia social. Y, como suele suceder, el costo de esos indicadores suele recaer sobre los que menos tienen: salarios estancados, presión tributaria regresiva, postergación de derechos sociales.
El uso insistente de términos como “histórico”, “inédito” o “sin precedentes” podría tener valor si no intentara tapar deudas acumuladas. Pero el informe no reconoce errores, no revisa omisiones, no ofrece autocrítica. Todo se presenta como conquista, incluso cuando muchas cifras celebradas provienen de gestiones anteriores o corresponden a políticas aún sin ejecución visible.
Lo más alarmante no es solo lo que se dijo. Es la forma en que se evitó decir lo que verdaderamente importa. No hubo conferencia. No hubo preguntas. No hubo voluntad de explicar. Solo una puesta en escena dirigida a los titulares. Y como si fuera poco, una frase anticipatoria que ya descalifica a quienes no aplaudan el libreto.
La democracia no se fortalece con informes de impacto mediático, sino con gestión transparente, autocrítica y cercana. La ciudadanía no exige milagros, pero sí merece respeto. Y el respeto comienza por no tratar el sufrimiento cotidiano como una distorsión mediática.
Mientras el informe presidencial siga siendo un ritual de vanagloria, en lugar de un acto de responsabilidad pública, el país seguirá escindido entre quienes gobiernan desde la retórica y quienes sobreviven en la realidad.
El informe fue tapa. Pero no fue verdad.
Estuvo en los diarios. Pero no en los hogares.
