El Tribunal de Sentencia conformado por los magistrados Gloria Hermosa, Darío Báez y Cristian González resolvió condenar a Pablo Eduardo Suárez a 4 años y 9 meses de pena privativa de libertad y a María José Arce Oddone a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena. Ambos fueron juzgados por una causa vinculada a una supuesta estafa en la venta de departamentos a exjugadores de fútbol, decisión que fue duramente cuestionada por la defensa.
Durante el debate oral, el Ministerio Público había solicitado una condena de 7 años y 6 meses de cárcel para ambos procesados. La primera querella acompañó ese pedido, mientras que una segunda querella solicitó 8 años de prisión. Tanto la Fiscalía como las partes querellantes requirieron además la prisión inmediata de los acusados. No obstante, el Tribunal impuso penas menores y rechazó el encarcelamiento, otorgando medidas sustitutivas.
El abogado defensor Francisco de Vargas anunció que la sentencia será apelada una vez que sea notificada en su versión escrita. “La sentencia se nos va a ser entregada el 30 de diciembre. El viernes se hizo una breve exposición verbal. Nosotros ya tomamos la decisión de apelar cuando empiece a correr el plazo, que será a partir del 30 de diciembre. No compartimos los argumentos del tribunal. Se está penalizando una cuestión de cumplimiento de contrato y con ello se desnaturaliza el concepto de ‘última ratio’ del derecho penal”, sostuvo.
Según la acusación fiscal, la empresa SUAR S.A., representada por los acusados, debía entregar en setiembre de 2016 dos departamentos del edificio Cibera Park a dos exfutbolistas. La Fiscalía consideró que el incumplimiento configuró un hecho punible.
Sin embargo, la defensa afirmó que las pruebas incorporadas durante el juicio acreditan que no existió engaño alguno, ya que el proyecto inmobiliario fue efectivamente desarrollado. De Vargas explicó que la paralización de la obra respondió a conflictos internos entre los socios, situación que derivó en procesos penales y civiles promovidos incluso por los propios Suárez y Arce. Indicó además que uno de los socios se encuentra prófugo, declarado en rebeldía y con orden de captura vigente.
“El Tribunal consideró que el edificio no está, que es un esqueleto, dijeron que no creen que esté construido al 70%. Sin embargo, la pericia señala que es así y dice que vale 4 millones de dólares. Y así hay una serie de pruebas que no se tuvieron en cuenta, según nuestro criterio, por lo que obviamente vamos a apelar”, remarcó el abogado.
De Vargas agregó que los jueces tampoco ponderaron correctamente la estructura societaria del emprendimiento. Señaló que si bien existió una transferencia del inmueble a otra sociedad, tanto Arce como Suárez mantienen una participación accionaria del 50%, ya que SUAR S.A. integra Cibera Park S.A., y que la venta de los departamentos fue realizada por SUAR.
Finalmente, el defensor recordó que uno de los exsocios involucrados en el emprendimiento se encuentra prófugo con orden de captura, mientras que otro accedió a una suspensión condicional del procedimiento, en el marco de la cual reconoció hechos relacionados con la falsificación de documentos societarios.
“Todo eso impidió que Pablo Suárez y María José Arce cumplan con su promesa de entregar las unidades, obligación que hasta hoy reconocen que sigue vigente”, concluyó.
