Una nota publicado por el Diario Vanguardia sostiene que la denuncia sobre un presunto despojo de acciones en la firma K & K Shopping’s S.A. no se ajusta a la realidad documental ni al derecho societario, sino que respondería a una estrategia mediática promovida por la familia Kao/Wang.
Según detalla el medio altoparanaense, Wang Hsiao Mua («Susana») y su hija Ming Kao («Rosana») han instalado públicamente el relato de haber sido despojadas del 50% de sus participaciones accionarias mediante maniobras financieras irregulares por parte de la administración liderada por la familia Kim. Sin embargo, los registros de la empresa y los estatutos legales muestran un escenario totalmente distinto.
El informe periodístico explica que las asambleas societarias donde se aprobó el aumento de capital no fueron ni clandestinas ni arbitrarias. La firma publicó las convocatorias oficiales en periódicos de gran circulación cumpliendo con los plazos legales, dando a la familia Kao/Wang el derecho de preferencia de 15 días para inyectar los fondos correspondientes. Ante la falta de capitalización por parte de las denunciantes, la familia Kim asumió el desembolso de miles de millones de guaraníes con el debido respaldo fiscal y el aval de la Abogacía del Tesoro, lo que provocó una dilución legal del porcentaje accionario de las primeras al 29%. Diario Vanguardia resalta además una contradicción en la postura de las denunciantes, quienes en el ámbito judicial piden la nulidad absoluta de las asambleas mientras paralelamente reclaman el pago de dividendos generados en esas mismas reuniones.
Por otro lado, la investigación señala antecedentes de administración donde presuntamente Susana Wang y Rosana Ming Kao alquilaron espacios del centro comercial a terceros de forma no autorizada, destinando los cobros a cuentas personales en lugar de a la sociedad mercantil. El medio expone que, al carecer de argumentos contables, se apeló al impacto mediático atacando a la creadora de contenido Ana Kim Jang («Ana Coreana»), hermana de la presidenta del directorio, para generar notoriedad en redes sociales. Finalmente, Diario Vanguardia concluye que la causa penal por estafa promovida en la Fiscalía —actualmente reasignada a la fiscal Julia González tras la salida del fiscal Osvaldo Zaracho— representa un intento de trasladar un proceso puramente civil y comercial al ámbito penal para presionar comercialmente a la contraparte.
Fuente: DiarioVanduardia / Radio La Clave (FB) / Alto Paraná al Día (IG)
