¿Otro mago de las finanzas con amnesia? El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Juan Carlos Duarte, y su esposa, Edith Bonificia Villalba, se vieron obligados a rectificar sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República para incluir una imponente residencia en San Bernardino, luego de que una investigación periodística sacara a la luz el millonario patrimonio oculto.
El escándalo estalló tras la revelación realizada por Radio Ñanduti, que expuso la existencia de una lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio Mbokaja de la villa veraniega, registrada a nombre de la esposa de Duarte, quien también se desempeña como funcionaria dentro de la misma institución regulatoria. Hasta antes de la difusión mediática, la fastuosa propiedad no figuraba en los registros oficiales de bienes de la pareja, lo que encendió las alarmas sobre la opacidad de sus recursos.
De acuerdo con las normativas vigentes establecidas en la Ley 5033/13, los servidores públicos están estrictamente obligados a actualizar su situación patrimonial cada vez que asumen nuevos cargos o funciones estatales. Sin embargo, los documentos oficiales revelan que Duarte omitió presentar una nueva declaración jurada cuando fue designado de manera oficial como presidente de la Conatel en agosto de 2023, incurriendo en una irregularidad administrativa que también salpicó a su cónyuge por no realizar los trámites en el tiempo y la forma exigidos.
Ante la presión de los hallazgos, el contralor general, Camilo Benítez , ratificó de forma contundente que el nombramiento de Duarte constituía un nuevo acto administrativo que conllevaba la ineludible obligación legal de transparentar sus bienes de manera inmediata. Aunque la Contraloría dispuso la apertura de un sumario de investigación para esclarecer a fondo el caso y determinar posibles responsabilidades, hasta la fecha las autoridades no han dado a conocer ningún resultado concreto, dejando en suspenso el desenlace de esta omisión patrimonial.
Fuente: Ñanduti
