El reciente e impactante megaasalto perpetrado contra cuatro entidades financieras en la localidad de Santa Rita, Alto Paraná, desnudó una vez más una peligrosa e histórica vulnerabilidad en la seguridad interna de Paraguay: la falta de capacidad logística de las Fuerzas Armadas para controlar el uso final de los explosivos comerciales.
A pesar de que los materiales detonados en los bancos Familiar y GNB, y hallados en Ueno Bank y una casa de cambios, fueron adquiridos legalmente a través de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), el propio titular de dicha institución, el general Melanio Servín, admitió públicamente a ABC Color que el órgano militar no da abasto para supervisar el destino de estos cargamentos una vez que salen de sus depósitos.
Las investigaciones, que ya dejaron como saldo la detención de dos presuntos implicados en Emboscada tras incautarse documentos oficiales que vinculaban los materiales con una cantera de Presidente Hayes, revelaron que el golpe se ejecutó con «emulsión explosiva encartuchada», conocidos popularmente como «bananas» de dinamita. Este tipo de insumo es de bajo costo y alta accesibilidad para pequeñas empresas y firmas unipersonales que operan en la minería. A diferencia de las emulsiones líquidas de gran envergadura —que son estrictamente escoltadas por militares desde las fronteras hasta las detonaciones—, las Fuerzas Armadas se ven completamente sobrepasadas para dar seguimiento en el terreno a las miles de unidades de cartuchos de menor volumen distribuidas en el territorio nacional.
Esta alarmante brecha operativa permite que criminales exploten el sistema simulando trámites formales. Según detalló el jefe de la Digemabel, se registran múltiples casos en los que los compradores habilitados «fingen documentalmente» que los explosivos fueron consumidos en las actividades mineras declaradas, cuando en realidad terminan desviando el letal armamento hacia el mercado negro para nutrir a las bandas de asaltabancos. El flagelo no es nuevo; las estadísticas oficiales señalan que ya son siete los grandes asaltos criminales ejecutados con este mismo método delictivo en Paraguay desde el año 2017, consolidando una preocupante tendencia en la cual el Estado autoriza los lotes de dinamita pero es incapaz de garantizar que no acaben en las manos equivocadas.
Ante la gravedad del atentado en Santa Rita, desde la institución castrense adelantaron que plantearán urgentes medidas al Gobierno para intentar reforzar un sistema de control que hoy se muestra frágil, obsoleto y peligrosamente superado por el crimen organizado.
