El panorama judicial para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, vuelve a sacudirse violentamente. Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio Corbeta Dinamarca, presentaron una formal acusación penal en su contra.
Esta vez, la justicia lo señala como autor principal de una supuesta lesión de confianza cometida mediante un cuestionado esquema financiero en la comuna esteña. Pero Prieto no actuó solo en este engranaje: los fiscales también acusaron como cómplices directos a Sebastián Martínez Insfrán, exdirector municipal, y a la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar, quienes habrían sido piezas clave para facilitar las maniobras irresponsables desde sus puestos y desde el Consejo Local de Salud.
La trama detrás de este nuevo lío judicial comenzó a tejerse entre 2019 y 2022, período en el que Prieto ordenó la transferencia de la impresionante suma de G. 11.295.555.300 de la Municipalidad de Ciudad del Este hacia las arcas del Consejo Local de Salud. Este millonario pozo de dinero provenía de la recaudación por alquileres, dársenas y cánones cobrados en la terminal de ómnibus local, y debía destinarse prioritariamente a la adquisición de insumos médicos, equipos e infraestructura para renovar el Hospital Regional de la ciudad. Sin embargo, el destino real de esos recursos distó mucho del plan original.
La investigación del Ministerio Público sacó a la luz que el Consejo Local de Salud, entonces bajo la presidencia de Walter García, ignoró olímpicamente todos los procesos habituales y transparentes de planificación, contratación y fiscalización exigidos por la ley para llevar a cabo obras públicas. Operando al margen de cualquier control o escrutinio de las autoridades, el ente otorgó sin pestañear un total de ocho contratos directos a favor de dos firmas: SERVMAQ y M&M CONSTRUCTORA.
El problema estalló de manera inocultable cuando los peritos forenses de la Fiscalía fueron a verificar las obras pagadas en el centro asistencial y descubrieron diferencias escandalosas. Las facturas millonarias desembolsadas por el municipio simplemente no coincidían con lo que físicamente se había construido o remodelado. Entre trabajos incompletos, la absoluta ausencia de contraprestaciones reales y desembolsos aprobados por obras nunca certificadas, los investigadores determinaron que la gestión generó un zarpazo económico de G. 757.166.276 contra el patrimonio comunal.
Como si este dolor de cabeza fuera poco, el exjefe municipal afronta en simultáneo las brasas de otro proceso legal masivo: el famoso «caso Tía Chela».
En ese juicio oral y público —iniciado el pasado 31 de agosto y que se retoma este lunes 7 de septiembre desde las 8:00—, Prieto se sienta en el banquillo junto a otras 10 personas de su círculo político, todos acusados por lesión de confianza y asociación criminal debido al supuesto direccionamiento y compras con sobreprecio de 25.000 kits de alimentos del autoservicio Tía Chela que debían auxiliar a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. Esa causa particular se encuentra en manos del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por las juezas Yolanda Morel y Karina Cáceres, prometiendo mantener en absoluta tensión el futuro político del exjefe comunal.
Fuente: ABCDigital
