El Poder Judicial otra vez envuelto en el escándalo de contrataciones polémicas tras revelarse un esquema de privilegios y presuntos nombramientos políticos que desangran el erario público.
El caso de Marian Angélica Cattebeke Ayala es emblemático: nombrada en 2025 como funcionaria permanente con un sueldo de G. 10.800.000, fue comisionada casi de inmediato a la Itaipu sin haber ejercido efectivamente su rol de relatora. Este patrón de «comisionamientos estratégicos» no es nuevo para Cattebeke, quien ya habría utilizado la misma modalidad durante su paso por el Ministerio Publico
La falta de concursos y la sospecha de padrinazgos políticos, específicamente de sectores legislativos, empañan una institución que actualmente gasta unos US$ 6 millones anuales en un plantel de 228 relatores, de los cuales 17 están comisionados y otros 17 puestos permanecen vacantes.
La indignación interna crece entre los funcionarios que cumplen horario y funciones reales, quienes denuncian que estos «recomendados» ensucian la labor judicial y gozan de beneficios como no prestar servicio durante la feria judicial, a pesar de no contar con la antigüedad requerida.
El mapa del nepotismo se extiende a las esferas más altas, involucrando directamente a los ministros de la Corte. Ximena Victoria Rojas Vía Llanes y Diego José Molina Llanes, hija y sobrino de la ministra Carolina Llanes respectivamente, forman parte de la nómina de relatores, al igual que Analía Carrillo Servín, nuera del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón. A esta lista se suma Nancy María Diana Amarilla, hermana del senador Dionisio Amarilla, quien también percibe un salario de diez millones de guaraníes y se encuentra comisionada a Itaipú.
Mientras la mora judicial supera el 50 por ciento, la máxima instancia permite el desvío de recursos humanos esenciales hacia otras instituciones, configurando un escenario que podría ser calificado como lesión al patrimonio del Poder Judicial.
Nota de Observapy
