La estabilidad de Enrique Riera al frente del Ministerio del Interior se encuentraría en un punto crítico ante los crecientes rumores sobre su destitución y la abierta presión de sectores internos de la Policía Nacional, que buscan posicionar al actual comandante Carlos Benítez como su sucesor.
En medio de esta puja de poder, la oficina de Interpol Paraguay ha sido señalada tras denuncias que la señalan como un «feudo de facturación» irregular. Fuentes de la Presidencia y gestores denuncian que la dependencia opera bajo un esquema donde suboficiales tienen el control discrecional para agilizar o retener certificados de antecedentes para extranjeros, evadiendo los registros oficiales.
Se estima que de las 500 solicitudes diarias que ingresan a Interpol, solo un 20% se tramita formalmente a través del Banco Nacional de Fomento. La falta de emisión de facturas legales y el uso de simples recibos habrían facilitado un sistema de recaudación paralela que, según fuentes de la Comandancia, podría alcanzar los 30 millones de guaraníes por jornada.
Los señalamientos apuntan a una red de intermediarios informales liderada presuntamente por personal subalterno bajo la sombra de la jefatura de gabinete, lo que ha derivado en pedidos urgentes de una auditoría financiera profunda.
Mientras el entorno del comisario Julio Maldonado ha descalificado históricamente estas acusaciones tildándolas de «falacias» de sectores opuestos a la transparencia, el malestar ciudadano y la persistencia de las denuncias alimentan el clima de descontrol. Esta crisis administrativa en Interpol se convierte en el argumento principal para quienes impulsan el relevo de Riera, acelerando una transición hacia una conducción de perfil netamente policial que, según los promotores del cambio, lograría retomar el orden en las carteras de seguridad.
Fuente: LPO Paraguay
