Un operativo de la Policía Federal en Mato Grosso do Sul sacó a la luz una oscura trama donde se cruzan las armas, la explotación laboral, la política regional y el crimen organizado. En una propiedad rural ubicada en Porto Murtinho, los agentes incautaron un arsenal de 14 armas de alto calibre y lograron el rescate de 23 personas que trabajaban sometidas a condiciones análogas a la esclavitud.
La finca pertenece a Aparecido Karlos Bernardo, conocido popularmente como «Carlos da UCP», un influyente empresario de la educación, fundador y director general de la Universidad Central del Paraguay que operó hasta hace poco en Pedro Juan Caballero, que actualmente se postula a diputado federal por el partido União Brasil.
El perfil del candidato está rodeado de antecedentes polémicos en la convulsionada zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. Bernardo estuvo estrechamente vinculado al historial de la Universidad Sudamericana, un proyecto académico que terminó salpicado por sombrías relaciones con capos del narcotráfico. Tras quedar envuelta en litigios por deudas con Jorge Rafaat, el poderoso capo fronterizo acribillado en 2016, la institución pasó posteriormente bajo la influencia de Jarvis Chimenes Pavão mediante las gestiones de su abogada Laura Casuso, quien también terminó siendo acribillada por sicarios dos años después. Aquella misma casa de estudios, que supo albergar el paso de destacadas figuras políticas y judiciales paraguayas, quedó en el ojo de la tormenta al ser señalada por la presunta confección y emisión de títulos universitarios falsos, entre los que figura el expedido al ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Hernán Rivas.
Con el transcurso de los años, la Universidad Sudamericana fue vendida al Grupo Eleve, conglomerado también propietario de la Universidad Americana y de varias firmas del sector educativo como Wizard by Pearson y marcas tecnológicas SaaS. Esta corporación está presidida por Arturo Peralta Vierci y cuenta en la rectoría con Sergio Duarte Masi, un académico cuestionado anteriormente durante su paso por otras instituciones públicas y privadas.
Aunque inicialmente guardó silencio, Karlos Bernardo declaró posteriormente que no tenía conocimiento del arsenal encontrado en su propiedad y rechazó categóricamente las acusaciones sobre servidumbre, atribuyendo la investigación a una supuesta persecución política en su contra.
Mientras las autoridades judiciales avanzan con las pesquisas, la figura del empresario y aspirante al Congreso brasilero permanece acorralada entre expedientes penales y el recuerdo insoslayable del trasfondo mafioso de la frontera.
Fuente: Chiqui_avalos
