La madrugada de este martes golpeó con brutal crudeza al corazón financiero de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná. Una gavilla compuesta por más de 20 delincuentes fuertemente armados sitió la ciudad, atacando de manera simultánea tres sucursales bancarias (Banco Familiar, GNB y Ueno Bank) y una casa de cambios ubicadas sobre la Ruta PY06.
Utilizando fusiles de grueso calibre, destruyendo bóvedas con potentes cargas de dinamita, tomando temporalmente de rehenes a efectivos policiales y sembrando el terror con clavos miguelito y autos incendiados, el crimen organizado demostró una vez más su capacidad de superar por completo la respuesta del Estado paraguayo.
Detrás de las declaraciones oficiales que hablan de investigaciones en curso y de la búsqueda de supuestos «financistas», la realidad al interior de las filas policiales es de absoluta frustración e impotencia. Voces de la propia Policía Nacional, bajo estricta reserva de su identidad por temor a represalias, pintan un panorama desolador que desnuda la total desprotección en la que opera el país.
El libre tránsito de los materiales utilizados para estas megadetonaciones es el primer punto de quiebre. Las canteras de la región trafican como quieren los explosivos de uso civil y militar, moviéndolos sin ningún tipo de control riguroso ni trazabilidad real, lo que provee de materia prima directa a estas bandas internacionales. Mientras el armamento y la tecnología de los criminales avanzan a pasos agigantados, la seguridad fronteriza sigue siendo una ilusión. «Tenemos miles de efectivos de seguridad desplegados sobre el papel, pero las fronteras, bien gracias; vulnerables, permeables y convertidas en un corredor libre para el crimen transnacional que opera entre Paraguay y Brasil», indicaron los uniformados.
La respuesta de las altas autoridades políticas y mandos institucionales ante cada crisis se reduce siempre a lo mismo: burocracia y promesas millonarias. Ahora van a hacer una licitación de 34 millones de dólares para poner supuestos puestos de control, una reacción tardía que se percibe dentro de las propias filas como un gasto desmedido que llegará tarde o que terminará diluido en los bolsillos equivocados.
El reclamo interno hacia las cúpulas es directo y lapidario: ¿No tienen una dirección de Inteligencia para poder saber cuántas canteras hay en la zona de conflicto? Resulta inadmisible que el propio departamento de Inteligencia policial o militar sea incapaz de mapear, fiscalizar e intervenir los depósitos locales de dinamita y los movimientos sospechosos de estas grandes estructuras operativas antes de que ejecuten golpes de este calibre.
Evidentemente no hay un plan de seguridad nacional articulado, serio y de largo plazo. Lo que el Gobierno ejecuta es «parche memete», soluciones temporales y superficiales para calmar el clamor de la prensa y de la ciudadanía tras cada tragedia, sin atacar las raíces de la corrupción interna ni la falta de infraestructura básica de las comisarías del interior. Se sigue trabajando en islas, con dependencias que no se comunican entre sí, investigaciones fragmentadas y celos institucionales que anulan cualquier posibilidad de anticipación y de éxito frente al crimen organizado.
La indefensión ha llegado a un extremo insostenible donde el ciudadano común y las víctimas quedan completamente a su suerte.
La impunidad con la que se mueven las bandas criminales en el este del país ha distorsionado tanto la realidad que ahora los secuestrados tienen que escaparse para salvarse, ya que esperar un rescate efectivo o una respuesta táctica institucional parece una utopía. El megaasalto en Santa Rita no fue un hecho aislado; es el reflejo de un sistema de seguridad perforado por la inoperancia y el abandono.
