La primera reunión de la comisión especial de Senadores destinada a indagar sobre el esquema de presuntos títulos universitarios falsos inició con un fuerte y tenso cruce entre los legisladores.
El foco del debate se centró en una propuesta que busca poner bajo la lupa las credenciales académicas de las máximas autoridades del país, incluyendo al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al propio mandatario Santiago Peña, ministros, gobernadores, intendentes y a la totalidad de los miembros del Congreso Nacional.
La iniciativa fue planteada por el senador Dionisio Amarilla, quien argumentó que los 45 senadores y 80 diputados deben someterse a una prueba de rigor para verificar cómo accedieron a sus respectivos títulos profesionales. Según su postura, la investigación debe arrancar desde las cabezas del poder político mediante una revisión exhaustiva de los registros de diplomas que obran en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), abriendo sus propios antecedentes como ejemplo para dar inicio al proceso.
Esta moción encontró una férrea resistencia por parte de la senadora Celeste Amarilla, lo que desencadenó momentos de alta crispación en la sala. La legisladora opositora calificó de inviable pretender una fiscalización masiva y generalizada de todas las universidades tradicionales, sosteniendo que la comisión debe enfocarse de manera urgente y prioritaria en las instituciones privadas que ya arrastran denuncias públicas por expedición irregular de títulos «mau» (falsos), mencionando específicamente casos como el de la Universidad Sudamericana.
El cruce de palabras escaló rápidamente cuando la senadora reaccionó de forma tajante ante las alusiones de su colega, exigiéndole que acuda a la Fiscalía si tiene dudas sobre sus estudios y acusándolo de desviar el verdadero propósito de la comisión. Por su parte, el proponente insistió en que conocer el universo total de diplomas registrados es un paso metodológico indispensable antes de avanzar en casos particulares, tildando la reacción de su par como una muestra de inseguridad.
La propuesta de auditar los títulos de la cúpula política deja abierta una fuerte disputa sobre el alcance y el rumbo real que tomará este nuevo órgano investigativo.
Fuente: ABC Digital
