En medio de una profunda crisis que sacude al sistema sanitario paraguayo, marcada por las constantes protestas de médicos y la falta de insumos, vuelve a cobrar fuerza una propuesta que busca dar un giro radical al uso de los recursos del Estado.
El senador Eduardo Nakayama planteó reflotar un proyecto de ley que elimina de raíz los cotizados seguros médicos privados que benefician a los funcionarios públicos, financiado año a año con el dinero de todos los contribuyentes.
La iniciativa busca recortar un gasto presupuestario que oscila entre los 100 y 120 millones de dólares anuales, un monto millonario que actualmente termina en manos de sanatorios privados. La meta del legislador es redireccionar íntegramente esa masa de dinero al Ministerio de Salud Pública para fortalecer los hospitales del país, equipar las salas de terapia, mejorar los salarios del personal médico y garantizar la provisión de medicamentos básicos para la ciudadanía.
Para el parlamentario, mantener este beneficio genera una inequidad inaceptable que divide a la población entre ciudadanos de primera y de segunda categoría, ya que el resto de los trabajadores debe sobrellevar las carencias del sistema público mientras sostiene con sus impuestos los planes privados de la burocracia estatal. Nakayama criticó duramente la contradicción del Ejecutivo al argumentar falta de recursos ante los reclamos salariales de los profesionales de la salud, mientras al mismo tiempo se destinan fortunas a la tercerización de servicios médicos.
Más allá del privilegio económico, la efectividad real de estas coberturas privadas también está bajo la lupa. Varios funcionarios estatales admiten que dichos seguros terminan funcionando como un simple «placebo», debido a que solo cubren consultas generales o estudios básicos, pero quedan cortos ante enfermedades complejas o internaciones de larga duración. Ante casos graves, como diagnósticos cancerígenos, accidentes de tránsito o tratamientos intensivos, los propios funcionarios deben recurrir a centros públicos de referencia como el Incan, el Hospital de Trauma o el Hospital de Clínicas.
Respecto al impacto que esta medida podría generar en el Instituto de Previsión Social (IPS), Nakayama aclaró que la propuesta no pretende saturar la golpeada previsional, sino abrir un debate estructural sobre el financiamiento de la salud en Paraguay. En ese sentido, recordó que el propio Estado mantiene una deuda histórica con el IPS que supera los 1.000 millones de dólares, según datos confirmados por la Contraloría General de la República.
Inspirado en modelos de cobertura universal como los europeos, donde la inversión pública garantiza atención de calidad para toda la población sin distinciones, el legislador instó al presidente Santiago Peña a abandonar la indiferencia, dar la cara ante la crisis y convocar de manera urgente a una mesa de diálogo con todos los sectores para transformar prioritariamente la salud del país.
