La indignación y la conmoción social alcanzaron su punto más alto en Paraguay tras confirmarse el deceso de un niño de apenas ocho años de edad, quien perdió la vida al sufrir una caída catastrófica mientras ejercía como jockey en una carrera de caballos clandestina desarrollada en el departamento de Caaguazú.
El trágico suceso puso de manifiesto una problemática arraigada en diversas zonas del país, donde menores de edad son expuestos a actividades de altísimo riesgo sin ningún tipo de protección ni fiscalización legal. Ante esta situación, el titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, reaccionó con contundencia al calificar este tipo de eventos informales como una práctica aborrecible e inaceptable que atenta directamente contra la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la infancia.
El ministro Gutiérrez cuestionó severamente la conducta del entorno familiar del menor, señalando la gravedad de que los propios progenitores y tutores consientan, normalicen y oculten la participación de niños en competencias hípicas no autorizadas, expresando puntualmente: «Es una maldita práctica, es inaceptable. Los propios padres estaban normalizando esta situación, estaban en conocimiento y ocultando esta situación».
De acuerdo con el contexto de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público las autoridades policiales, la utilización de niños como montadores responde a su bajo peso corporal, un factor explotado inescrupulosamente por organizadores y apostadores de carreras cuadreras irregulares. Estas competencias operan al margen de la ley, en entornos donde proliferan las apuestas informales y el consumo de alcohol, careciendo por completo de equipos de protección personal (como cascos o chalecos) y de asistencia médica de emergencia.
Tras el fatídico incidente en Caaguazú, la Fiscalía abrió una investigación penal para determinar las responsabilidades no solo de los organizadores del evento ilegal, sino también de los padres del menor por la presunta comisión de hechos punibles relacionados con la violación del deber de cuidado y la exposición a situaciones de peligro mortífero. Desde el MINNA se reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de la infancia, enfatizando que ninguna costumbre o tradición local puede justificar poner en riesgo la vida de un niño.
Fuente: AM_1080
