La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este ratificó y amplió formalmente una denuncia penal contra el intendente local, Miguel Prieto, y su exdirectora jurídica, Nidia Silvero.
De acuerdo con el abogado del gremio, Víctor Enríquez Núñez, las investigaciones en el portal de Contrataciones Públicas revelaron indicios de un presunto montaje en el proceso de licitación pública nacional para los trabajos de mensura judicial y actualización catastral de la ex Finca 66, un inmueble de alta complejidad social que actualmente alberga a más de 20.000 familias en la capital de Alto Paraná.
El meollo de la ampliación penal radica en las inconsistencias financieras halladas en la adjudicación realizada a la empresa Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental por un valor total de 2.673 millones de guaraníes. Según el representante legal de la organización denunciante, saltó a la vista que todos los rubros contemplados dentro del contrato disponían sospechosamente del mismo monto asignado. Entre los ejemplos expuestos por la Contraloría Ciudadana se mencionan cobros idénticos de 267.300.000 guaraníes para ítems tan dispares como el estudio de antecedentes de títulos, la constitución del juez en el inmueble y las publicaciones en prensa escritas; sobre estas últimas se descubrió que la facturación real con el medio de comunicación apenas superaba los 580.000 guaraníes.
Para contextualizar la gravedad de esta causa, el conflicto en torno a las tierras de la Finca 66 arrastra décadas de litigios de carácter social y judicial entre la Municipalidad de Ciudad del Este y propietarios particulares que defienden títulos independientes, lo cual ha desencadenado violentos operativos de desalojo y protestas ciudadanas a lo largo de los años. La licitación bajo sospecha, otorgada originalmente en mayo de 2021, tenía como justificación técnica delimitar los terrenos de la expropiación municipal para frenar los desalojos y regularizar la situación de las familias vulnerables. Sin embargo, los denunciantes aseguran que los millonarios desembolsos de las arcas municipales terminaron siendo un esquema de desvío de fondos y «blindaje» para favorecer intereses particulares, ya que los costosos trabajos de mensura judicial no generaron resultados reales ni soluciones legales tangibles para los moradores de la disputada fracción territorial.
Fuente: latribu650ampy
