Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos Francisco Cabrera, Verónica Valdez Rivas y Luis Piñánez presentaron una acusación formal por la presunta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima) contra el ex diputado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, solicitando formalmente la elevación de la causa a juicio oral y público.
La medida también afecta a Guido Díaz, asesor comercial y gestor de operaciones de crédito de la firma Adriatic S.A., quien fue imputado en carácter de coautor dentro de la misma investigación del Ministerio Público.
La carpeta fiscal tiene su origen y principal sustento en el peritaje y posterior revelación de los denominados «chats de Lalo», una serie de conversaciones telefónicas extraídas del dispositivo del fallecido legislador Eulalio «Lalo» Gomes que tomaron amplia notoriedad y difusión pública durante el año 2025. De acuerdo con los elementos probatorios recabados por la Fiscalía, el entonces representante político habría pactado beneficios personales valiéndose de las altas prerrogativas y la investidura de su cargo en el órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados y fiscales.
Según detalla el escrito conclusivo, Arévalo habría solicitado directamente la intermediación y el aval económico de Lalo Gomes con el objeto de viabilizar el acceso preferencial a una línea de crédito comercial a través de la firma Adriatic S.A. Como contraprestación ilícita a este beneficio financiero, el entonces presidente del JEM ofreció asegurar su voto para favorecer abiertamente a una persona que se encontraba en ese momento bajo un proceso de enjuiciamiento formal ante la referida institución regulatoria, configurando un intercambio ilícito de favores.
Con este requerimiento, el Ministerio Público ratifica la existencia de sospechas fundadas y suficientes sobre el esquema de coimas e influencias indebidas. El caso queda ahora bajo la competencia del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, el cual deberá convocar a la respectiva audiencia preliminar para determinar si se admite la acusación de manera definitiva y se ordena la apertura del juicio oral solicitado por los fiscales.
Fuente: Ultima Hora
