Una denuncia por presunta malversación de fondos y millonarios sobreprecios salpica a la administración municipal de Ciudad del Este, involucrando al entonces intendente Miguel Prieto y a su principal asesora legal, la dirigente gremial Nidia Silvero de Prieto.
Según datos revelados por una minuciosa investigación de la Contraloría Ciudadana, la comuna esteña desembolsó en 2021 la astronómica suma de 2.673.000.000 de guaraníes a la firma GEOCAD, propiedad de Jorge Quintana López, por trabajos de mensura y consultoría que, de acuerdo con estimaciones técnicas y del mercado actual, no debieron superar los 5 millones de guaraníes.
El proceso, que inicialmente pretendió ser resguardado bajo estricto hermetismo, levantó sospechas desde sus inicios debido a la reiterada negativa de la intendencia para proveer información pública. Amparado en dictámenes firmados por la propia Nidia Silvero de Prieto, el municipio rechazó sistemáticamente los pedidos de informes promovidos por abogados y contralores civiles. Sin embargo, un riguroso trabajo de control ciudadano logró quebrar la barrera del secretismo y acceder a los documentos oficiales de la licitación y el contrato de consultoría número 30/2021, sacando a la luz una estructura de costos que genera profundas dudas sobre la legitimidad del gasto.
Los detalles del desembolso detallan una coincidencia matemática que los denunciantes califican como burda: cinco ítems de naturalezas completamente distintas fueron facturados con el idéntico monto de G. 267.300.000 cada uno. Entre los conceptos pagados figuran el estudio de antecedentes de títulos, el relevamiento y amojonamiento de inmuebles, la publicación de la mensura judicial, el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones junto a Catastro, y la constitución de un juez. La uniformidad de los precios resulta técnicamente inexplicable y ha encendido las alarmas de los órganos fiscalizadores.
Al desagregar las operaciones, las presuntas irregularidades se vuelven insostenibles frente a la realidad del mercado. Por ejemplo, el estudio de títulos de las Fincas 29.294 y 29.295 costó a los contribuyentes 267 millones de guaraníes, cuando consultas formales realizadas con escribanos públicos confirman que dicho trámite no excede los 50 jornales mínimos, equivalentes a poco más de G. 5 millones. Asimismo, por la publicación de la mensura judicial se abonó una cifra similar, a pesar de que el costo real para publicaciones de esa envergadura promedia apenas los 5 millones de guaraníes en cualquier proceso ordinario.
El apartado referente a la constitución judicial añade un cariz de extrema gravedad a la denuncia. El municipio justificó el desembolso de otros G. 267 millones bajo este concepto; sin embargo, no existe constancia alguna ni facturas de cobertura expedidas por el Juzgado, dado que la propia Municipalidad de CDE se encontraba formalmente exonerada de dichos pagos dentro del expediente judicial número 309 del 2021.
La sospecha de un perjuicio patrimonial deliberado se agudiza al analizar el amojonamiento de los inmuebles vinculados a la Sentencia Definitiva Número 273 del 9 de julio de 2024. Los terrenos intervenidos contaban con aproximadamente sesenta puntos de delimitación, lo que implica de forma matemática que el municipio pagó más de G. 4 millones por cada estaca colocada en el terreno, un hecho que los ciudadanos ya catalogan irónicamente como el caso de «las estacas de oro».
Finalmente, la pertinencia total de la licitación se encuentra bajo cuestionamiento institucional. La ciudadanía cuestiona la necesidad de contratar una consultoría externa de estas dimensiones cuando la propia plantilla de la Municipalidad cuenta de forma permanente con 40 abogados y 5 ingenieros topógrafos.
Fuente: Hector Dalegre/ Radio 1000 AM
