La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, reactivó una investigación penal enfocada en una presunta malversación de fondos públicos ocurrida en la Municipalidad de Ciudad del Este.
La causa, identificada formalmente bajo la carpeta fiscal número 12.926/24 y asignada a los agentes fiscales Marlene González y Néstor Coronel, busca esclarecer las irregularidades en torno a la adjudicación de un millonario contrato para la mensura judicial de la Finca 66, un territorio expropiado en la década de 1990 a favor de la comuna local.
El proceso legal cobró un nuevo impulso tras los reclamos de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, una organización civil que denunció penalmente al exintendente Miguel Prieto por los supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal. Según los datos del cuestionamiento, el municipio desembolsó la suma de 2.673 millones de guaraníes a la empresa Geocad Consultoría, propiedad de Jorge Quintana López, para llevar a cabo los trabajos de delimitación y estudio de títulos.
La organización denunciante sostiene que el proceso licitatorio fue direccionado y que los costos aprobados sobrepasan excesivamente los valores estándar de este tipo de servicios.
Para evidenciar la supuesta desproporción del gasto, las averiguaciones basadas en la tabla de honorarios del Colegio de Escribanos del Paraguay revelan que el estudio de los títulos de las propiedades involucradas no debería exceder los 50 jornales mínimos, lo cual representaría un monto cercano a los 5.381.350 guaraníes.
Representantes de la organización civil indicaron que esta enorme diferencia económica vulnera los principios de eficiencia, transparencia y economía estipulados en la Constitución Nacional, manifestando que el esquema técnico implementado aparenta haber sido estructurado para el desvío ilícito de recursos públicos.
Hasta la fecha, no se han obtenido declaraciones por parte de los responsables de la firma Geocad Consultoría. Por su parte, el exjefe comunal Miguel Prieto rechazó brindar un acceso más profundo a la documentación del caso, argumentando que los datos solicitados no constituyen información pública. Frente a esta situación, los sectores civiles que impulsan la causa manifestaron su expectativa de que las pericias del Ministerio Público avancen con firmeza para deslindar responsabilidades penales, evitando que la investigación quede sin resolución y sentando un precedente contra la corrupción en la administración de los fondos municipales.
Fuente: Elnacionalpy
