Una fuerte polémica e intensas críticas han surgido en torno al proceder del sistema de justicia tras las recientes determinaciones adoptadas en una causa por presunto abuso sexual infantil.
La jueza Carmen Román otorgó la medida de arresto domiciliario a un hombre imputado por el abuso sexual de su propio hijo, disponiendo que se recluya en un inmueble que llamativamente tenía pendientes dos órdenes de allanamiento vigentes.
Dicha resolución judicial contó con la anuencia de la agente fiscal de la causa, Fany Aguilera, permitiendo que el procesado permanezca bajo esta modalidad de prisión preventiva hasta la fecha en la misma residencia.
El beneficio de la prisión domiciliaria provocó que quedaran sin efecto y completamente frustradas dos diligencias que eran consideradas pilares fundamentales para el esclarecimiento del hecho. Debido a la naturaleza de esta determinación, las autoridades no concretaron los allanamientos previstos, lo que impidió tanto el levantamiento inmediato de las grabaciones de las cámaras de seguridad del circuito cerrado del lugar como el secuestro directo del teléfono celular del imputado en el momento oportuno.
A raíz de esta dilación en los procedimientos, fue el propio acusado quien entregó posteriormente su dispositivo móvil al Ministerio Público. Sin embargo, los resultados de la pericia técnica encendieron las alarmas en el proceso; tras la extracción tardía de los datos informáticos del aparato, los reportes oficiales de la diligencia confirmaron de manera categórica que la información y los registros del celular ya habían sido alterados sustancialmente antes de la entrega formal.
El caso ha cobrado una mayor gravedad institucional y suspicacia pública al confirmarse, mediante las actas del expediente judicial, que el hombre investigado es hermano de una agente fiscal en ejercicio.
Fuente: Ahorapy (X)
