La Corte Suprema de Justicia vuelve a exponer un esquema de privilegios que pisotea sus propias normativas internas. En una maniobra que desborda impunidad, Marian Angélica Cattebeke Ayala, designada como relatora del máximo tribunal con un salario de G. 10.800.000, fue comisionada a la Itaipú Binacional casi de inmediato, sin haber cumplido funciones efectivas en el gabinete judicial.
Este traslado no solo ignora la acordada vigente que debería regular la permanencia de los asesores en sus puestos, sino que confirma la existencia de una «clase privilegiada» que utiliza los cargos públicos como trampolines hacia los jugosos beneficios de las binacionales.
Mientras la mora judicial supera el 50% y los expedientes se amontonan por falta de personal técnico comprometido, la cúpula judicial permite que sus piezas «VIP» se aseguren un futuro dorado lejos de los juzgados, alimentando sospechas de un padrinazgo político que canjea institucionalidad por favores personales, dejando a la justicia paraguaya una vez más en el sótano de la credibilidad.
Fuente: Observa Py
